Con ocasión del foro Semana “El papel de los medios de Comunicación en el cubrimiento del delito de desaparición forzada” como escenario de conmemoración del día internacional de Desaparición forzada, se evidenciaron los grandes avances en reglamentación de los que dispone el aparato judicial del país, como también la ineficacia en su aplicación. Y es que no se trata sólo de un compromiso desde el Estado. Es necesario construir una cultura política de responsabilidad ante hechos atroces como los que enmarca el delito de desaparición forzada, que atañe un conglomerado de derechos fundamentales. 

El encuentro, liderado por el Fondo de Justicia Transicional, con el apoyo de la revista Semana, contó con la participación del Defensor Nacional del Pueblo Volmar Pérez Ortiz; el representante residente de las Naciones Unidas Bruno Moro; el vice Fiscal General de la Nación Juan Carlos Forero y el representante adjunto en Colombia de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos –OACNUDH- Juan Carlos Monge. Personalidades  con un alto conocimiento frente a la práctica de Desaparición Forzada, que rechazaron categóricamente su práctica y reconocieron las falencias del Estado frente a esta problemática. 

La intención no fue otra que rendir un homenaje a la memoria, recordar a las víctimas, al igual que a sus familiares, y reconocer la violación sistemática de sus derechos fundamentales. Es imperativo que la sociedad reconozca la práctica de la desaparición forzada como una conducta delictiva que se encuentra la mayoría de veces relacionada con actos de tortura, violencia sexual, homicidio agravado y secuestro, constituyéndose  por tal motivo en un crimen de lesa humanidad.

Al día de hoy Colombia cuenta con una de las reglamentaciones jurídicas más avanzadas de Latinoamérica frente al desplazamiento forzado; la ley 589, tipificada en el año 2000,  y ya en el año 2010 por medio de la ley 1418 se aprueba la “Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas”. 

Juan Carlos Monge el representante adjunto en Colombia de la OACNUDH  reiteró  las recomendaciones hechas por la Alta Comisionada, en la que cita: “Ha habido avances importantes en el marco normativo para imponer sanciones, pero éste marco no es suficiente, ya que el mayor desafió es la adecuada implementación de dichas leyes”. La ley nunca ha sido vista ni asumida por las víctimas como un recurso efectivo y oportuno.

En cuanto a la intención del foro que presuponía evidenciar el papel de los medios frente al cubrimiento de la desaparición forzada, fue evidente como  históricamente dicha labor no ha existido, resumiendo su aporte al silencio, tan preocupante como el delito mismo. Gloria Gómez, defensora de los Derechos Humanos y Directora de la Asociación de Familiares Detenidos  Desaparecidos (ASFADDES) al referirse a los medios recalcó la deuda histórica que estos han tenido “al silenciarlos les han quitado el nombre, su deber es mostrarlos como personas, como seres humanos, quienes eran realmente, no como cifras, ellos merecen ser reconocidos y  dignificados”.

Pero si la desconfianza en los medios frente al cubrimiento de la desaparición forzada es preocupante, lo es más la desconfianza de las víctimas para con el aparato estatal. Así lo evidenció Jaime Peña,  representante del Colectivo de 16 de Mayo de Barrancabermeja: “No creemos en la justicia colombiana, conocemos a los victimarios, a los que jalan el gatillo, pero nos interesa conocer a los que estuvieron detrás… 14 años de masacre donde pese a declaraciones hechas por postulados a Justicia y Paz, que señalan a la fuerza pública como perpetradores en la masacre no ha pasado nada”.

El registro nacional de desaparecidos coordinado por el Instituto de Medicina Legal y supervisado por la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, registra desde la década de los años 40 un acumulado aproximado de  61.604 personas, de las cuales 14.427 son mujeres y 47.177 hombres. Y con respecto a la presunta desaparición  forzada se habla de 16.655 personas, de estas se han encontrado con vida alrededor de 249 personas y 557 muertas. En conclusión, oficialmente continúan desaparecidas 15.849, presuntamente de manera forzosa.

_{*Por: Nyrama Osorio, pasante del Área de Comunicaciones}