El Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (GMH) hizo entrega del informe La Rochela: memorias de un crimen contra la justicia a los familiares de las víctimas y a la comunidad judicial de San Gil, Santander,  el pasado martes 19 de octubre de 2010.

En este departamento y especialmente en San Gil, se recuerda hoy a las víctimas directas de la masacre de La Rochela con particular énfasis. Allí residen actualmente varios de sus familiares y  compañeros de trabajo. Por lo anterior, la ceremonia se llevó  a cabo en el Palacio de Justicia de San Gil, sede de la Fiscalía General de la Nación en esa ciudad.

El evento contó con la participación de los familiares de las víctimas, así como con la intervención de Horacio Serpa Uribe, gobernador de Santander; de Marío Gonzales Vargas, Procurador Delegado Preventivo en Materia de Derechos Humanos y Asuntos Étnicos; de Lucy Caballero Santos, corresponsal de prensa de Dirección Seccional de Fiscalías de San Gil; de Gonzalo Sánchez, coordinador del GMH; y de Iván Orozco Abad, relator del informe.

En esta ceremonia se recordaron los hechos ocurridos el 18 de enero de 1989,  cuando cerca del corregimiento de La Rochela, en Simacota, Santander, una alianza narco-paramilitar masacró a 12 de 15 funcionarios judiciales que investigaban varios delitos ocurridos en la zona.

Gracias a los testimonios de los familiares de aquellos funcionarios, se les recordó como padres, hijos, abuelos, esposos y esposas, cuya ausencia aun es muy fuerte y sentida. Así también lo expresó el actual Gobernador de Santander, Horacio Serpa, quien en el momento de la masacre se desempeñaba como Procurador General de la Nación y estuvo en el lugar en el que ocurrieron de los hechos. Serpa recalcó la importancia del trabajo del GMH y resaltó los hallazgos de la investigación. También, expresó su solidaridad para con las víctimas y diciendo “no más” pidió el fin a la violencia que todavía no cesa en el departamento.

Por su parte, la doctora Lucy Caballero Santos celebró el significado simbólico de realizar la entrega del informe en la sede de la Fiscalía General de la Nación, y recordó a las víctimas como aguerridos servidores de la justicia, cuando no existían medios ni tecnología que facilitaran su  trabajo.

Por último, Iván Orozco entregó el informe a las víctimas y presentó las conclusiones y recomendaciones del mismo, las cuales deben cumplirse para garantizar que cese la impunidad en los crímenes contra operadores de la justicia y para que puedan ejercer su labor con más seguridad.

Ya el pasado 22 de septiembre del año en curso, en el marco de la III Semana por la Memoria, a manera de ejercicio de reparación simbólica y como un homenaje a la rama judicial, el informe fue lanzado y entregado en Bogotá a las víctimas individuales y al poder judicial como víctima institucional de la masacre. El Presidente (E) de la Corte Suprema de Justicia, Dr. Jaime Arrubla Paucar, lo recibió en nombre de la Rama Judicial en un evento al que asistieron varios magistrados de las Altas Cortes y funcionarios judiciales de diferentes juzgados, de la Fiscalía y del CTI.

Fue por solicitud de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, luego de condenar al Estado colombiano por lo ocurrido en La Rochela, que este caso fue estudiado por el GMH como parte de la reparación a las víctimas. El informe, ilustra las múltiples formas de victimización de los operadores judiciales  y las dificultades del poder judicial para enfrentar la guerra en Colombia.

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Homenaje a las víctimas en Barrancabermeja

El lunes 18 de septiembre, el Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, instaló en el Parque de la Vida de la ciudad de Barrancabermeja, Santander, una placa en homenaje a las 12 víctimas de la masacre de La Rochela y a sus 3 sobrevivientes.

La ceremonia se llevó a cabo ante los medios de la prensa local, regional y nacional, y contó con la presencia de una gran comitiva de los familiares de las víctimas, así como del alcalde de la ciudad el Doctor Carlos Contreras.

Este acto se realizó a petición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como parte de la reparación a las víctimas de la masacre, y contó con el apoyo de la Agencia Catalana para la Cooperación y el Desarrollo.

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